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Al escuchar las palabras Violencia Política en razón de Género poco podemos imaginar de la enorme trascendencia del tema. Se trata de situarnos en la carne de miles de mujeres que no han podido acceder a un cargo público o que no nos han dejado ejercer efectivamente nuestros derechos político-electorales, ya en un poder público.

Violencia política en razón de género se da cuando no se permite, se obstaculiza, presiona, discrimina, amenaza o coacciona a una mujer para que haga algo en el ejercicio de su labor como funcionaria pública o no se le permite acceder a dicho espacio. Esto inclusive puede darse al proporcionar información o documentación falsa o incompleta que busque tales fines.

Este tipo de violencia es una forma de discriminar a las mujeres en el acceso a los órganos de representación, así como un hecho injusto que permite la desigualdad en oportunidades y menoscaba nuestros derechos políticos.

Ante este hecho, en 2016 se emitió el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, que marcó un parteaguas en esta materia y brindó un mecanismo de protección. De acuerdo a la FEPADE, a enero de 2017, con base en este protocolo existían 52 casos registrados de violencia política en razón de género, de los cuales 26 ya tenían calidad de víctimas las mujeres violentadas, ingresando así al Registro Nacional de Víctimas y en proceso de atención ya se encontraban 13 casos.

Esto demuestra la trascendencia del tema; sin embargo, no basta ponerlo en un protocolo, no sirve si solo se trata de buena voluntad de las instituciones, esto necesitaba ser Ley, debe ser obligatorio y general, por eso varias compañeras senadoras desde 2014 hemos trabajado para plasmar esto de manera transversal en las diferentes leyes del rubro.

Y con muchísima alegría puedo decirles que el pasado 9 de marzo en el Senado de la República fue aprobada una serie de reformas a las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales, con la finalidad de señalar, definir, prevenir y erradicar la Violencia Política en razón de género.

Con esta reforma no solo se incorpora el concepto de violencia política en razón de género a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se permitirá atender un ámbito de violencia contra las mujeres poco conocido, pero muy recurrido.

 

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